La Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de la Guardia Civil de Coria, ha intervenido 430 latas de refrescos de distintas marcas comerciales, que carecían de las indicaciones obligatorias en el etiquetado, incumpliendo así la normativa vigente que exige que toda la información aparezca, al menos, en la lengua española oficial del Estado.
La inspección, realizada en el marco de los servicios de inspección y control que la Guardia Civil lleva a cabo regularmente en establecimientos de venta al por menor, ocurrió el pasado 25 de septiembre en un comercio de esta localidad y se centró en verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad y etiquetado de los productos alimentarios puestos a la venta, conforme a las normas que regulan la información alimentaria facilitada al consumidor.
Como resultado de la actuación, se ha levantado acta de infracción frente al titular del establecimiento por carecer los productos de etiquetado en castellano y no disponer de facturas de su adquisición. Los agentes inmovilizaron y precintaron las 430 latas de refresco en el propio establecimiento, quedando así, a disposición de la Delegación Territorial de Salud y Servicios Sociales de Cáceres, que es la autoridad competente para determinar las sanciones en función de la gravedad de la infracción.
Estas normativas establecen que los productos comercializados en España deben incluir la información necesaria para garantizar la seguridad del consumidor, en especial la descripción del producto, ingredientes y posibles alérgenos, en idioma castellano. La ausencia de dicha información supone un riesgo para los consumidores, que podrían desconocer características fundamentales de los productos que adquieren.
La importancia de cumplir con la normativa de etiquetado
La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía la importancia de cumplir con la normativa de etiquetado, cuya finalidad es proteger los derechos del consumidor y asegurar que dispongan de información clara y comprensible sobre los productos que adquieren. El incumplimiento de estas normativas puede acarrear sanciones económicas importantes para los establecimientos que no respeten los requisitos legales.
Esta actuación forma parte de los servicios de vigilancia fiscal que realiza la Guardia Civil en toda España, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria y proteger la salud pública, evitando la comercialización de productos que no cumplen con la normativa vigente
