Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), adscritos a la Comandancia de Cáceres han llevado a cabo, en el marco de la Operación KOZO, una investigación en distintas zonas del término municipal de la localidad cacereña de Torre de Santa María, tras detectar numerosas irregularidades en construcciones de distinta índole, que podrían ser constitutivas de delitos urbanísticos.
Señalan los agentes que, a lo largo del año 2024, han inspeccionado un total de 14 procesos edificatorios en esta zona, constatando la existencia de obras como cuartos de aperos, casas unifamiliares, reconstrucciones de viviendas antiguas con ampliación de superficie construida, naves y chalets, sin que varias personas responsables de dichas obras, tuvieen los permisos y la documentación necesaria para su legalidad.
Durante la investigación, el SEPRONA recabó información de los organismos competentes y analizó minuciosamente la documentación recopilada, determinando que varias construcciones no cumplían con la normativa urbanística vigente y, por tanto, podrían considerarse ilegales.
Mediante la investigación constataron que algunas de estas construcciones no son autorizables y podrían constituir delitos urbanísticos.
En consecuencia, los agentes han instruido diligencias a 10 personas, siete hombres y tres mujeres, que han resultado investigadas por su supuesta implicación en delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, dando traslado de los hechos a la autoridad judicial competente en Cáceres.
Esfuerzo en la protección del territorio
Estos delitos, están recogidos en el Código Penal y pueden acarrear a las personas que los cometan penas de prisión de un año y seis meses a cuatro años, multas de doce a veinticuatro meses, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante en cuyo caso la multa será del tanto al triplo del montante de dicho beneficio, e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cuatro años.
La actuación del SEPRONA, durante un año demuestra el compromiso de la Guardia Civil en la protección del medio ambiente y la ordenación sostenible del territorio.
Este tipo de investigaciones no solo buscan sancionar conductas ilícitas, sino también concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de respetar la normativa urbanística y evitar nuevos comportamientos que pongan en peligro el equilibrio territorial y social.
La Guardia Civil recuerda que el incumplimiento de las leyes urbanísticas no solo constituye un delito, sino que puede derivar en graves consecuencias legales y un impacto negativo para el desarrollo ordenado de los municipios. Por ello, se insta a todos los ciudadanos a informarse adecuadamente y actuar conforme a la normativa vigente en cualquier proyecto de construcción.
