La Guardia Civil, en colaboración con la Inspección de Trabajo de Ávila, ha liberado a diez mujeres nepalíes que trabajaban en condiciones de semiesclavitud y que, presuntamente, estaban siendo sometidas a explotación laboral en una empresa de fabricación y envasado de productos y alimentos en Candeleda (Ávila); los agentes han detenido en la localidad, por un delito de trata de seres humanos, a tres personas, dos empresarios y un miembro de la organización.
Estas diez ciudadanas nepalíes, de entre 24 y 38 años vivían, vigiladas constantemente por una persona de la organización, en una nave junto a la empresa, en un régimen de semiesclavitud, privadas de documentación y de dinero, y sin poder abandonar las instalaciones en las que malvivían.
Dormían en colchones sobre el suelo, carecían de calefacción, las ventanas no tenían cristales y estaban cubiertas con plásticos, la cocina estaba sucia y tenían que compartir un solo baño lo que, además de limitar su privacidad, dificultaba unas condiciones básicas de higiene.
Malvivir en esta situación provocaba su aislamiento social, ya que tampoco conocían nuestro idioma y solo se comunicaban con algunas palabras en inglés.
Tres detenidos
Los detenidos en Candeleda son dos empresarios y un miembro de la organización que se encargaba de traer a España a estas personas. Con estas detenciones ha comenzado el desmantelamiento de una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos.
La operación, que continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones, se llevó a cabo el pasado 2 de octubre, aunque no se ha dado a conocer hasta este fin de semana.
El engaño a las víctimas, que habían llegado a España entre julio y agosto de este año, comenzó en su país de origen, donde la organización captaba a mujeres jóvenes con engaños y prometiéndoles trabajo en nuestro país.
Tras la captación, la red les pagaba el transporte «por carecer ellas de recursos propios», con lo que las mujeres se endeudaron con la organización para el viaje, por un valor de entre 3.000 y 7.000 euros. La primera parada solían hacerla en países como Serbia o Rumanía y desde allí continuaban «vía terrestre» hasta España.
Una vez llegaban al primer punto, las metían en pisos alquilados por la red en grandes ciudades, hasta que las iban distribuyendo por diferentes puntos de España para su explotación, como ha sido el caso de esta empresa de Candeleda, que se dedica a la fabricación y comercialización de productos y alimentos envasados.
Tras la liberación, las víctimas «seguían pensando que tenían que pagar una deuda a la organización» que las trajo a España, lo que les hacía estar «temerosas», ha explicado el capitán jefe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial.
La ONG APRAM atiende inicialmente a las diez mujeres nepalíes, de las que después se harán cargo otras organizaciones en defensa de los derechos humanos.