«La Junta de Extremadura no puede asumir, de momento, la subida salarial del 2 por ciento para los empleados públicos debido a las actuales circunstancias derivadas de crisis sanitaria que han provocado una caída de la recaudación y un gasto sanitario sobrevenido.» Según informó el pasado martes la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, a todas las organizaciones sindicales con representación en los tres ámbitos: Administración General, SES y docentes.
La vicepresidenta primera mantuvo que «nos enfrentamos a una crisis inédita y de alcance desconocido, motivo por el cual la Administración extremeña tiene que priorizar y atender las necesidades básicas y esenciales de todos los ciudadanos, en especial de aquellos que están en una situación de mayor vulnerabilidad».
La titular de Hacienda aseguró que es preciso hacer un ejercicio de previsión realista y ser transparentes y honestos con el impacto de esta crisis, y buscar la mejor solución para los problemas de todos los sectores, cada uno con sus justas reivindicaciones.
En este sentido, Blanco-Morales indicó que la previsión de la caída de la recaudación, según datos del Ministerio de Hacienda, ascenderá a 9.500 millones de euros, lo que supone una caída del PIB del 9,2 por ciento, un descenso optimista según avalan organismos como la AIREF, el Banco de España y FMI, que lo sitúan por encima del 12 por ciento y que significa para Extremadura una pérdida de recaudación superior a 260 millones de euros del Sistema de Financiación Autonómico. A este desfase habrá que sumar también el descenso de recaudación por tributos propios (40 millones aproximadamente), lo que se traduce en un déficit para 2020 superior al 1,5 por ciento.
A esta cuestión, continuó la consejera, surgida apenas un mes y medio después de la aprobación de los Presupuestos Generales de Extremadura para 2020, hay que sumarle los nuevos gastos que tiene que asumir la Comunidad Autónoma en el ámbito sanitario y sociosanitario y que actualmente está en torno a 60 millones de euros.
La vicepresidenta primera mantuvo su voluntad para el diálogo y la negociación con las organizaciones sindicales cuando el Ejecutivo extremeño disponga de elementos sólidos de cómo va a ser la situación y conocer realmente cuáles van a ser los recursos de los que dispone la Comunidad Autónoma.
Por último recordó que, entre 2016 y 2019, la Junta de Extremadura ha incrementado en más de 200 millones las retribuciones de sus empleados públicos.