Ecologistas en Acción, rechaza la decisión del Gobierno de España, de prorrogar el funcionamiento de la central nuclear de Almaraz hasta 2030, al considerar que incumple el compromiso con la ciudadanía, la planificación energética e, incluso, el programa electoral del PSOE. Además les recriminan que hayan llevado a cabo el proceso para la prórroga sin una revisión de seguridad en profundidad.
Para el responsable de Clima y Energía de la asociación ecologista, Javier Andaluz, “Esta prórroga es una traición y un fraude a la ciudadanía, que asumirá mayores costes a medio y largo plazo mientras se retrasa una transformación energética que resulta inaplazable”. Ecologistas en Acción recrimina al Gobierno de España que haya llevado a cabo el proceso para la prórroga sin una revisión de seguridad en profundidad.
Consideran que el propio informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que avala la operación, “se limita a analizar la concesión de la autorización, dejando fuera la labor de inspección y control de la central durante estos años, así como el cumplimiento íntegro de los compromisos exigidos en la renovación que se llevó a cabo en 2020”.
Sienta precedente y allana el camino para que el resto del parque nuclear reclame idéntico trato
Para Ecologistas en Acción no se trata solo de Almaraz, ya que, «el precedente que sienta esta forma de proceder, allana el camino para que el resto del parque nuclear reclame idéntico trato, arrastrando en su calendario a Ascó 1 y Cofrentes, bloqueando así el cierre nuclear pactado».
Por esta razón, la organización ecologista señala que continuará analizando los efectos de esta normativa y sus implicaciones legales para la planificación energética, “que el Gobierno ha terminado convirtiendo en papel mojado al ceder ante los intereses del oligopolio eléctrico y de la derecha política”.
Ecologistas en Acción considera que la nuclear es una energía cara, insegura e innecesaria, que encarece el precio de la luz, resulta incompatible con una gestión eficiente de una red eléctrica basada en energías renovables y desvía fondos que deberían destinarse a la transición energética.
La organización señala que la continuidad de estas centrales resulta fundamental para que Iberdrola, Endesa y Naturgy, sus empresas propietarias, mantengan el control sobre el mercado eléctrico y sobre la política energética del Estado, a costa del bolsillo de la ciudadanía.
Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA)
El Movimiento Ibérico Antinuclear, del que forma parte Ecologistas en Acción, también rechaza esta prórroga. Para Cristina Rois, portavoz del MIA: “El Gobierno ha roto su compromiso de condicionar la prórroga de Almaraz a tres condiciones: conveniente para la seguridad del suministro eléctrico; no a costa del bolsillo del contribuyente; y seguridad radiológica, que en opinión del Movimiento Ibérico Antinuclear se satisface a nivel normativo pero sin suficientes garantías”.
El movimiento antinuclear advierte sobre lo que puede venir a continuación: cruces de informes, anuncios de reducciones de tasas u ofrecimientos de dinero público, peticiones empresariales de beneficios adicionales, modificaciones postergadas y nuevas ventanas de oportunidad fabricadas para seguir reclamando subvenciones. Lo que esta organización rechaza sin paliativos.
Cristina Rois señala que no es la primera vez que ocurre, ya que el cierre de Garoña se convirtió en una agonía de meses hasta que, finalmente, el gobierno de Mariano Rajoy y el entonces ministro Álvaro Nadal la cerraron por cara e innecesaria, demostrando que otra decisión siempre es posible”.
