El Grupo Municipal de Unidas por Navalmoral del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, ha registrado una moción en dicho Ayuntamiento, a través de su portavoz Cristina Cano, para que se debata en el Pleno. En ella se insta a la Asamblea de Extremadura a no aprobar la propuesta de la “Ley de Concordia” impulsada por Partido Popular y Vox. Igualmente exigen que se cumpla de inmediato en la localidad la Ley de Memoria Democrática.
La moción, que está en línea con las reivindicaciones de colectivos memorialistas y asociaciones de derechos humanos, defiende la vigencia de la Ley 1/2019 de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura y exige su desarrollo efectivo por parte del Gobierno autonómico. Informa la portavoz.
Cristina Cano ha recordado que esta propuesta de “concordia” no es más que una ley de discordia, que pretende igualar un régimen democrático con una dictadura condenada por las Naciones Unidas, y que supone un nuevo intento de enterrar la verdad, borrar la memoria de las víctimas del franquismo y perpetuar la impunidad.
Exige que se cumpla de inmediato la voluntad democrática que se expresó en el Pleno, y retiren toda simbología franquista del espacio público
Unidas por Navalmoral ha denunciado públicamente, aprovechando esta iniciativa, la situación de incumplimiento de la legalidad en la que sigue sumida la localidad. Más de tres años después de que el pleno municipal aprobara la modificación del callejero local, para eliminar nombres de calles y plazas que glorifican a la dictadura franquista o a personajes afines al régimen, el acuerdo sigue sin aplicarse. Las placas permanecen intactas, perpetuando el homenaje institucional a un régimen criminal que sembró el terror en nuestro país durante cuatro décadas.
“Es absolutamente inadmisible que, a estas alturas, Navalmoral siga exhibiendo en sus calles nombres de verdugos mientras se ignora el sufrimiento de las víctimas”, ha señalado Cristina Cano.
Unidas por Navalmoral exige que se cumpla de inmediato la voluntad democrática expresada en el pleno, y se proceda sin más dilación a retirar toda simbología franquista del espacio público. El incumplimiento no solo supone una falta de respeto a la memoria democrática, sino una vulneración flagrante de la legalidad vigente.
