Las consejerías de Economía, Empleo y Transformación Digital; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible; e Infraestructuras, Transporte y Vivienda, de la Junta de Extremadura, han anunciado la elaboración de un censo preliminar de amianto en la región.
Este censo se materializa en un mapa interactivo que estará disponible de forma gratuita para todos los Ayuntamientos, con el objetivo de facilitar la localización del amianto en edificios públicos y privados.
El amianto es un material que, por sus propiedades aislantes y de resistencia, se usaba anteriormente en la construcción, pero que en 2002 prohibieron su uso debido a que es un material nocivo para la salud y el medioambiente.
A pesar de su prohibición, el amianto sigue presente en numerosas edificaciones, lo que hace necesario su control y retirada segura.
Los Estados miembros de la Unión Europea deben crear estos censos
La Comisión Europea exige a los Estados miembros la elaboración de censos municipales de amianto, obligación que España incorporó en 2022. El censo debe incluir la localización del amianto y una planificación de su retirada, priorizando los casos de mayor peligrosidad y exposición de la población vulnerable.
El mapa interactivo, que estará desarrollado por el Centro de Información Cartográfica y Territorial de Extremadura (CICTEX), se desarrollará mediante imágenes del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA), ofreciendo una fiabilidad inicial del 70%.
Además, se está creando una plataforma digital para que los Ayuntamientos registren sus censos, en el marco del IX Plan de Prevención de Riesgos Laborales 2024-2027. Esta herramienta permitirá a los municipios, especialmente a los de menor capacidad técnica, completar y verificar la información preliminar mediante inspecciones técnicas.
La Junta también impulsará campañas de sensibilización ciudadana sobre los riesgos del amianto y fomentará la colaboración en su detección. Asimismo, se han aprobado ayudas que cubrirán hasta el 85% del coste de retirada y gestión de residuos de amianto en centros de trabajo, con un límite de 20.000 euros por empresa.
El objetivo de este censo es: primero, saber cuánto amianto hay que retirar en nuestra región; segundo, cuantificar el coste que supondrá llevar a cabo esta retirada y tercero, crear y organizar vertederos específicos para almacenar todo el amianto retirado.
El censo, una vez cumplimentado por los Ayuntamientos, se remitirá a la dirección general de Evaluación Ambiental del MITECO para que, a su vez, lo remita a la Comisión Europea para evaluar los fondos específicos necesarios para la retirada de amianto.
