Agentes de la Guardia Civil del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (G.I.A.T.) pertenecientes al Subsector de Tráfico de Cáceres, han investigado a un hombre por un supuesto delito de falsedad documental tras la supuesta expedición y falsificación de justificantes profesionales, que solo pueden realizar los Gestores Administrativos. Estos justificantes profesionales los expedía el investigado con el objetivo de amparar la circulación de un vehículo del que estaba tramitando la transferencia.
La investigación dio comienzo tras la denuncia interpuesta por el Ilustre Colegio de Gestores Administrativos de Extremadura, acerca de unas irregularidades cometidas, supuestamente, por un ex miembro de su Colegio, relativas a la expedición de documentos.
Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (G.I.A.T.) del Subsector de Tráfico de Cáceres, iniciaron una investigación que ha finalizado con la identificación, como posible autor, de una persona domiciliada en la localidad de Almoharín (Cáceres).
La investigación ha permitido determinar que esta persona habría expedido hasta tres justificantes profesionales falsos que autorizaban la circulación provisional de un vehículo, del que estaba realizando trámites para su transmisión.
Tras la instrucción de las diligencias correspondientes, el investigado ha sido puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, en funciones de Guardia, de Cáceres, como supuesto autor de un delito de falsedad documental para el cual, el Código Penal contempla una pena de prisión de 6 meses a 3 años y una multa de 6 a 12 meses.
La Guardia Civil avisa
Que el único modelo oficial y legal de estos justificantes profesionales, que se expiden en trámites administrativos, es el aprobado por el Consejo General de Gestores Administrativos de España y su validez requiere de la firma y sello de un Gestor Administrativo colegiado.
Estos justificantes pretenden facilitar la continuidad de la circulación de los vehículos mientras se produce la correspondiente tramitación administrativa (pago de impuestos, identificación de interesados, aportación de documentos…), y ofrecen certeza y seguridad jurídica a todas las personas relacionadas con el vehículo (seguros, administraciones, empresas…) habilitando para la circulación de los vehículos, sin llevar la documentación obligatoria, que obra en poder del Gestor Administrativo.
