El portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González,ha anunciado en rueda de prensa que Extremadura es una de las trece comunidades autónomas que han suscrito un manifiesto en el que solicitan que en las zonas de protección ambiental (ZEPA, LIC o ZEC) se permitan usos del suelo que sean compatibles con los valores objeto de protección.
Tras la reunión semanal del Ejecutivo autonómico, Juan Antonio González, ha comparecido ante la prensa sañalando que el manifiesto está en línea con lo que la Junta viene defendiendo en los últimos meses en relación con una posible modificación de la legislación nacional en materia de suelo y que también ha sido objeto de debate con los partidos políticos en la región.
Concretamente, el documento suscrito por 13 comunidades autónomas precisa que “debido a la existencia de zonas LIC, ZEC o ZEPA muy extensas que abarcan términos municipales completos, la aplicación automática a los mismos del régimen general del suelo rústico de especial protección, sin matices, limitaría de forma grave las posibilidades de desarrollo y progreso socioeconómico de esos municipios”.
Por tanto, añade el texto, “debe entenderse que en esos ámbitos son compatibles algunos usos del suelo por su contribución al desarrollo rural, dentro del respecto a la normativa sectorial que pudiese resultar de aplicación en función de esos valores objeto de protección”.
En este sentido, el portavoz ha alegado que “no puede ser que una residencia geriátrica demandada por los ciudadanos no se pueda construir en un pueblo porque está en una zona ZEPA”, al tiempo que se ha mostrado “totalmente de acuerdo” en que es necesario proteger al medio ambiente, pero también en que éste sea compatible con usos que no dañen esos valores ambientales. El ejemplo de la residencia geriátrica, ha dicho, es algo que está ocurriendo en pueblos de Extremadura.
En el documento suscrito, las comunidades autónomas reclaman también que se dote de seguridad jurídica al ámbito de la ordenación del territorio y el urbanismo, ante las reiteradas declaraciones de nulidad radical del planeamiento territorial y urbanístico en sede judicial a causa de vicios formales, así como de “los ajustes legales oportunos para la adecuada interpretación y correcta puesta en práctica de los principios que rijan un urbanismo responsable que, a su vez, sea sostenible, social, económica y medioambientalmente equilibrado”.
Por otra parte, el portavoz de la Junta de Extremadura ha anunciado que se va a realizar una encuesta entre los ciudadanos de la Comunidad Autónoma para conocer cómo valoran la cuestión de la protección ambiental y sus posibles modificaciones legales.
