Ecologistas en Acción de Extremadura informa que ha presentado alegaciones a la nueva regulación estatal de los centros de datos. La organización considera positivo que se empiece a ordenar un sector en rápida expansión, pero entiende que el texto es insuficiente para prevenir sus efectos sobre la electricidad, el agua, el territorio y la población.
Las alegaciones parten de un trabajo consensuado por distintas asociaciones ecologistas, como Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, junto con organizaciones sociales y numerosas plataformas ciudadanas. No reclaman que desaparezca la regulación, sino que se refuerce con límites claros, planificación pública y garantías sociales y ambientales. Los centros de datos no son instalaciones inmateriales. Su funcionamiento requiere grandes cantidades de electricidad y agua, además de líneas eléctricas de alta capacidad, subestaciones, sistemas de refrigeración, baterías y grandes grupos electrógenos de respaldo.
En España ya se han concedido más de 12 GW de acceso a la red para estos proyectos. Aunque solo llegaran a construirse entre 3,5 y 4 GW, como prevé el propio sector, seguirían representando un consumo eléctrico enorme y continuado. La existencia de vertidos renovables en determinadas horas —electricidad generada que el sistema no puede aprovechar— no resuelve el problema. Los centros de datos también consumen cuando la producción renovable es escasa. La cuestión es si su hiperconsumo debe tener prioridad sobre las necesidades de los hogares, los servicios públicos, la agricultura y otras industrias, y justificar la construcción de nuevas redes e instalaciones de generación.
Los cuatro proyectos extremeños en un año consumirían aproximadamente toda la electricidad que se genera actualmente en la comunidad
En Extremadura, los cuatro proyectos anunciados, en Badajoz, Navalmoral de la Mata, Valdecaballeros y Cáceres, podrían necesitar conjuntamente entre 3,5 y 4 GW de potencia eléctrica, incluida la refrigeración y los consumos auxiliares. Si funcionaran de manera continuada, consumirían en un año una cantidad de electricidad próxima a toda la generada actualmente en la comunidad autónoma.
Frente a esta situación, la Junta de Extremadura ha presentado alegaciones para pedir la retirada de la regulación estatal. Su posición coincide con la de la patronal de los centros de datos, que amenaza con abandonar inversiones y reclamar indemnizaciones si se mantienen las nuevas condiciones.
Para Ecologistas en Acción, las alegaciones de la Junta no defienden Extremadura frente a los impactos de estos macroproyectos, sino a las empresas frente a los límites destinados a proteger el territorio. El Gobierno autonómico vuelve a presentar los recursos extremeños como disponibles para cualquier inversión declarada estratégica, sin explicar cómo afectará este despliegue al agua, al suelo, al sistema energético y al bienestar de la población.
Las organizaciones consideran que el proyecto estatal debe reforzarse en tres aspectos principales
Límites ambientales: reducir y limitar el consumo total y acumulado de agua, electricidad y suelo, teniendo en cuenta los efectos de todos los centros de datos instalados o proyectados en un mismo territorio.
Planificación energética y territorial: decidir cuántos centros pueden instalarse, dónde y bajo qué condiciones, y exigir que su demanda se cubra con nueva generación 100 % renovable, almacenamiento y flexibilidad, sin recurrir a combustibles fósiles o energía nuclear ni desplazar otras necesidades sociales.
Garantías democráticas: aplicar el principio de precaución, asegurar la transparencia y la participación pública y evaluar previamente los efectos sobre los derechos humanos, el empleo, los servicios públicos y la soberanía digital.
Las alegaciones de Ecologistas en Acción de Extremadura incorporan además la prohibición de dividir artificialmente los proyectos en fases, parcelas, sociedades o expedientes; la evaluación conjunta de los centros y todas sus infraestructuras; y el análisis de accidentes graves y efectos en cascada entre transformadores, baterías, refrigerantes, depósitos de gasóleo y sistemas contra incendios.
Alegaciones admitidas a trámite por el TSJEx en los procedimientos ambientales de Data Riocaya, en Badajoz, y Merlin Edged, en Navalmoral
La organización ya ha presentado alegaciones en los procedimientos ambientales de Badajoz, y de Navalmoral. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha admitido también a trámite sendos recursos contra los decretos que declararon ambos centros Proyectos Empresariales de Interés Autonómico.
“Frente a una industria que pide consumir sin responsabilizarse de sus impactos y una Junta que reclama eliminar incluso los límites mínimos, defendemos una regulación más ambiciosa. Extremadura no puede adaptar su territorio y su sistema energético a cualquier proyecto que se presente como inversión estratégica”, señala Ecologistas en Acción de Extremadura.
Las inversiones anunciadas y los permisos de acceso ya concedidos no deben convertirse en un derecho incondicionado a consumir enormes cantidades de electricidad ni a trasladar a la población el coste de las nuevas redes e instalaciones energéticas necesarias para estos proyectos.
También debe conocerse, continúan los ecologistas, qué actividades justifican semejante consumo. Data Riocaya pertenece a IREN, empresa nacida y todavía activa en la minería de bitcoin, ahora dedicada también a la computación y la inteligencia artificial. No puede hablarse de soberanía digital sin saber quién controla estas infraestructuras, para qué se utilizan y qué beneficios dejan realmente en Extremadura.
Incluso responsables de algunas de las mayores empresas de inteligencia artificial han reconocido la necesidad de frenar, evaluar sus riesgos y establecer una regulación antes de continuar con su expansión. Resulta aún menos justificable que la Junta reclame retirar las condiciones ambientales y energéticas aplicables a las grandes infraestructuras que la sostienen.
Para finalizar, desde Ecologistas en Acción subrayan que «la transición digital no puede convertirse en una nueva forma de extractivismo energético, hídrico y territorial. La Junta debería proteger el territorio y el bienestar de quienes viven en él, en lugar de ofrecer sus recursos a cualquier proyecto presentado como inversión estratégica».
