El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, ha llevado a cabo una investigación relacionada con la gestión irregular de varios cotos sociales de caza, ubicados en la provincia de Cáceres. Esta investigación se ha saldado con la detención de dos personas y con la investigación de ocho más, por la supuesta comisión de delitos de caza ilegal, de estafa y de falsedad documental.
La Guardia Civil ha informado que, los hechos se remontan a mediados del mes de noviembre de 2024, cuando los agentes del SEPRONA detectaron a un grupo de cazadores que practicaban la caza con galgos dentro de un coto social, sin estar inscritos como socios, pero disponiendo de un permiso colectivo que les habilitaba. Esto dio lugar al inicio de una investigación para esclarecer lo ocurrido acerca de posibles irregularidades en la gestión del terreno cinegético.
Durante las actuaciones, los agentes identificaron a varios grupos de cazadores procedentes de otras provincias, quienes aportaron permisos supuestamente válidos expedidos por la sociedad local de cazadores.
Sin embargo, los agentes comprobaron que los permisos carecían de validez legal, ya que los titulares no formaban parte de la sociedad, algo que es un requisito imprescindible, para ejercer la caza en un coto social.
Asimismo, con la colaboración de agentes del Puesto de la Guardia Civil de Sierra de Fuentes, constataron que ciertas actividades cinegéticas se desarrollaban en una zona de caza limitada, donde la normativa autonómica prohíbe expresamente la modalidad practicada (caza de zorzales desde puesto fijo), lo que supuso la investigación de seis personas por haber cometido, supuestamente, un delito.
Incluso había socios inscritos que ya llevaban varios años fallecidos
Además, las pruebas obtenidas durante la investigación, revelaron que la sociedad local de cazadores había inscrito en el registro autonómico a numerosos socios sin su consentimiento y sin que tuvieran conocimiento de su inclusión; incluso había socios inscritos que llevaban varios años fallecidos. Este hecho evidenciaba la posibilidad de que existiese un posible beneficio económico irregular del coto social, que estaba operando realmente como un coto privado. con ánimo de lucro.
Las diligencias policiales instruidas se han remitido al juzgado de guardia.
La Guardia Civil recuerda que el respeto a la legislación en materia de caza es esencial para garantizar la conservación del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales.
