Agentes de la Guardia Civil del Puesto de Peraleda del Mata y del Equipo Roca de la Compañía de Navalmoral de la Mata, junto con agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional de Cáceres, han llevado a cabo una actuación conjunta que ha permitido detectar un fraude relacionado con empadronamientos irregulares de ciudadanos extranjeros en la localidad cacereña de El Gordo.
Los hechos se han originado por el empadronamiento de diez ciudadanos extranjeros en una vivienda social que tenía adjudicada un vecino de esta localidad. Entre las personas empadronadas figuraban cinco ciudadanos de origen marroquí y cinco de origen egipcio, país este con el que esta localidad no mantiene vínculo alguno, una circunstancia que llamó la atención de las autoridades al tratarse de un número elevado de inscripciones en un municipio pequeño.
Ante estos indicios, agentes del Puesto de la Guardia Civil de Peraleda de la Mata, en cuya demarcación se encuentra la localidad de El Gordo, junto con el Equipo ROCA de la Compañía de Navalmoral de la Mata, iniciaron gestiones encaminadas a esclarecer las circunstancias en las que se habían producido dichos empadronamientos.
Ni residían realmente en la localidad, ni habían hecho uso de la vivienda en la que constaban empadronadas
Las investigaciones permitieron comprobar que las personas inscritas ni residían realmente en la localidad, ni habían hecho uso de la vivienda en la que constaban empadronadas. De este modo, los agentes concluyeron que los empadronamientos se habían realizado en fraude de ley, ya que la vivienda no constituía el domicilio real de los 10 extranjeros inscritos.
Los hechos se pusieron en conocimiento de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional en Cáceres que, a la vista de las pruebas aportadas, procedió a incoar 10 expedientes sancionadores por infracción grave de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Una vez tramitados los expedientes ante la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, está resolvió imponer diez sanciones administrativas, cada una de 1.000 euros, por lo que el titular de la vivienda se enfrenta a una multa total de 10.000 euros, al haber consentido como titular de la vivienda la inscripción de personas extranjeras, sin que esta constituyese su domicilio real, y además, estar destinada dicha vivienda, de forma exclusiva, a su residencia por tener la condición de vivienda social.
El supuesto autor de los hechos es un varón de nacionalidad española, al que le constan antecedentes policiales por otros hechos delictivos de distinta naturaleza.
La Guardia Civil y la Policía Nacional recuerdan que, los empadronamientos fraudulentos de ciudadanos extranjeros suelen tener como finalidad cumplir de manera ilícita un requisito administrativo para regularizar situaciones en fraude de ley, o bien para la obtención indebida de prestaciones o ayudas sociales. Este tipo de conductas puede conllevar sanciones administrativas de hasta 10.000 euros, y en determinados supuestos, incluso responsabilidad penal.
