El PP provincial pide actuaciones ante el derribo de Marina Isla de Valdecañas

El PP de la provincia de Cáceres ha emitido un comunicado en el que manfiesta que ha pedido públicamente al presidente Guillermo Fernández Vara y a la Junta de Extremadura que actúen para dar certeza y seguridad a la comarca de Campo Arañuelo, no sólo por el probable derribo del complejo turístico Marina Isla Valdecañas, sino también ante el negro futuro que se avecina con el cierre de la Central de Almaraz o la posible confirmación por parte de Volkswagen de no instalar su fábrica de baterías en Extremadura».

El presidente provincial del PP, Laureano León, y el secretario provincial, Juan Luis Rodríguez Campos, han mantenido un encuentro con alcaldes, portavoces y miembros del PP en la comarca, para analizar la situación presente y futura, así como para «valorar el negativo impacto que supondría el derribo de Valdecañas tanto para la zona de Campo Arañuelo como para toda la provincia de Cáceres».

El Secretario provincial de los Populares ha resaltado que si lo que se persigue es la protección de un hábitat natural y hacerlo compatible con el desarrollo económico y social, esta sentencia supondrá no solo un perjuicio económico para la provincia de Cáceres y para Extremadura, sino también medioambiental ante la imposibilidad material de la total reposición y evitar la huella ecológica que supondrían los residuos generados.

Juan Luís Rodríguez Campos ha instado a la Junta de Extremadura a recurrir ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, que ordena el derribo total de Marina Isla de Valdecañas. 

Los populares consideran que» ha llegado la hora de plantear a las administraciones correspondientes la revisión de los terrenos incluidos en la RED Natura 2000, ya que situaciones como la de Valdecañas, son un “motivo de espanto” para futuras inversiones en nuestra tierra porque generan inseguridad y falta de credibilidad».

Por último, también han solicitado plantear a las administraciones competentes la revisión de los terrenos incluidos en la Red Natura 2000, con el fin de hacer compatible la conservación de estos hábitats naturales con el desarrollo económico y social de las zonas afectadas.

 

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