La familia de Agustín Carreño informa en un comunicado que ha impugnado judicialmente el acuerdo del Pleno de Navalmoral por el que se retira la calle que tiene en la localidad dedicada a su memoria. La familia ya hizo pública, a finales del mes de diciembre, una carta abierta para los moralos y moralas mostrando su disconformidad con que se retirase esta calle.
Este Pleno, explica la familia de Agustín Carreño, «se celebró el pasado día 9 de diciembre y adoptó el acuerdo de retirar, entre otras, la calle dedicada a la memoria de Agustín Carreño Camacho, alcalde de Navalmoral entre los años 1942 y 1957. Este acuerdo se adoptó con la excusa de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, que ha sido interpretada por los grupos políticos que lo han apoyado de forma extensiva y contraria a su letra y a su espíritu.»
«La Ley de Memoria Histórica sólo prevé la retirada de símbolos conmemorativos de la exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. No es el caso de Agustín Carreño, que jamás exaltó ni auspició, como es evidente, ninguna sublevación ni acto de represión, sino todo lo contrario». Y continúa el comunicado «Agustín Carreño Camacho, pediatra de profesión, tomó posesión como alcalde de Navalmoral el 27 de marzo de 1942, cargo que desempeñó hasta 1957. En su vocación de servicio público y ayuda a los demás, procuró siempre el desarrollo y la prosperidad de Navalmoral y promovió y ejecuto obras y gestiones muy relevantes para el progreso y la modernidad de Navalmoral.»
La familia considera que «el acuerdo impugnado no aplica adecuadamente esta Ley, sino que se ha retirado la calle simplemente porque Agustín Carreño fue alcalde de Navalmoral en una época determinada de la Historia de Navalmoral, lo que no está amparado por la Ley de Memoria Histórica ni por ninguna otra». Expresando que «el acuerdo ahora impugnado por la familia, lejos de aplicar la Ley de Memoria Histórica como instrumento de concordia, reparación y convivencia, la convierte en un instrumento para enfrentar a los moralos y reescribir nuestra Historia común».
Para finalizar, aseguran que «han intentado que el Ayuntamiento reconsidere este acuerdo y aplique adecuadamente la Ley de Memoria Histórica, pero no ha sido posible. Por ello, entendiendo que el acuerdo no se ajusta a la Ley, se ha visto en la obligación de impugnarlo judicialmente para que sean los Tribunales, a quienes corresponde la potestad de controlar la legalidad de la actuación administrativa, los que decidan sobre la validez de esta decisión, esperando que prevalezca la ley y su debida aplicación de acuerdo con los valores y principios constitucionales».
