Cuando está a punto de finalizar el plazo para renovar la posible prórroga de CNA, Iberdrola, Endesa y Naturgy, como empresas propietarias de dicha central, han remitido una carta al Ministerio, pidiendo ampliar la vida útil de estas instalaciones. El Ministerio confirma que la ha recibido, pero sólo indican su disposición para ampliar el calendario de cierre y no avanzan ningún tipo de actuación.
Las empresas propietarias de la central nuclear de Almaraz, Iberdrola, Endesa y Naturgy, han remitido al Ministerio para la Transición Ecológica una carta en la que abogan por ampliar la vida útil de la instalación extremeña más allá de 2027, según han avanzado El País y confirmado este viernes a la agencia EFE fuentes del sector.
Igualmente, fuentes del Ministerio de Transición Ecológica aseguraban ayer, que ya han recibido dicha carta, pero aclaran que en ella las tres compañías «exclusivamente les trasladan su disposición para ampliar el calendario de cierre» de Almaraz, pero «no se notifica nada más, ni se avanza ningún tipo de actuación».
Peticiones
Estas mismas fuentes insisten en que en el departamento que dirige la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, se mantienen los tres puntos que desde diferentes estamentos del Gobierno llevan tiempo indicando a las empresas propietarias que deben cumplir para poder estudiar cualquier posible prórroga al cierre de las instalaciones.
La primera y principal de las peticiones hechas al respecto tanto por la ministra como por el mismo presidente, ha sido que dichas propietarias presentasen, como estipulan los acuerdos firmados en 2029, de manera conjunta la solicitud de prórroga para sentarse a negociar.
El pasado mes de mayo el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostró su disposición a estudiar una ampliación de la vida de todas las centrales nucleares, previa petición de las cuatro eléctricas propietarias, cumpliendo las tres condiciones previas, que aún mantienen: que se garantice la seguridad de las centrales, que la ampliación de la vida sirva para asegurar la seguridad de suministro eléctrico y, sobre todo, que no implique una subida de la luz al trasladar a la factura parte de los costes que ahora asumen las propias eléctricas.
A su vez, las empresas pedían rebajas en la fiscalidad que soportan ya que, según aseguran, lastra la competitividad de las instalaciones. La carga impositiva a CNA, la aplica tanto el Gobierno central, como la Junta de Extremadura, que aplica su propia tasa. La presidenta Guardiola ya ha anunciado que les reducirá la carga fiscal un 50% anual, si no se cierra la planta.
En las últimas declaraciones, antes de enviar la carta, las empresas propietarias habían indicado que solicitarían una «miniprórroga» hasta 2030.
