El Grupo Municipal Popular he emitido una nota de prensa informando de su decisión de “trasladar al Tribunal de Cuentas las decisiones adoptadas por la alcaldesa en relación con el gasto público, al considerar que no se ajustan a la legalidad vigente, contravienen los principios de buena gobernanza e institucionalizan un uso indebido de los dineros públicos.”

Consideran desde el Partido Popular que “seis días antes de las elecciones generales en abril de 2019 y ante la problemática que vivía la Policía Local morala desde 2016, la alcaldesa prometió pagar a la plantilla un sobresueldo de 500 euros al día, más salario, dietas y complementos; y reducirles el total de las horas anuales a realizar, aumentándoles así los días de vacaciones o disfrute personal.”

Y por tanto creen que “estas mejoras laborales se adoptaron de espaldas a los servicios técnicos del Ayuntamiento, no pasaron por la mesa general de contratación, ni respetaron el convenio laboral vigente (de 2017), y eran desconocidas para el resto de los grupos políticos y trabajadores municipales; de ahí que el 3 de diciembre de 2019, el Interventor y el Secretario dictaminaran conjuntamente ante el Pleno que la actuación de la alcaldesa no se ajustaba a la legalidad vigente.”

Un  año después, según dicen los populares, la alcaldesa desoyó el dictamen y decidió abonar a la policía los más de 25 mil euros pendientes,  razón por la que fue nuevamente advertida por el Interventor y que la alcaldesa volvió a ignorar  ordenando el pago el pasado mes de marzo.

Los populares aseguran que “los policías deben cobrar lo prometido y la alcaldesa responder por sus actos, al utilizar el dinero público arbitrariamente, sin someterse a procedimiento alguno”.

Y finalizan el comunicado recordando que al conocerse los hechos en julio de 2019, la alcaldesa “y su actual equipo de gobierno negaron los hechos y bloquearon el pago de los servicios que los policías habían prestado, obligando a unos a demandar al Consistorio, mientras que a otros se les abonó lo comprometido sin necesidad de reclamación alguna; creando así un nuevo agravio comparativo”.