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El pasado 18 de octubre entró en vigor, en Extremadura, la primera ley de protección civil que también protege a los animales. La nueva Ley 10/2019, de 11 de abril, de protección civil y de gestión de emergencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, es la primera de España que contempla a los animales a la hora de organizar planes de evacuación en los desastres naturales.

Con la entrada en vigor la nueva Ley 10/2019, de 11 de abril, de protección civil y de gestión de emergencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la primera de España que contempla a los animales a la hora de organizar planes de evacuación. Por primera vez, se estipula la obligatoriedad de proteger a los animales, incluyéndolos en los Planes Territoriales de Emergencias, las herramientas que permiten coordinar los recursos, el personal y las medidas a tomar para atender las emergencias extraordinarias, es decir, el instrumento en el que se engloban las evacuaciones.

Hasta ahora en el resto de leyes solamente se contemplaba la obligatoriedad de incluir a las personas y los bienes en los planes de evacuación. Esta nueva ley extremeña, en la práctica, significa que en caso de catástrofes, como inundaciones, incendios forestales, o terremotos, Extremadura contará con planes detallados de emergencia para poder proteger y evacuar a los animales en su territorio.

La normativa permite además disponer de recursos, tanto públicos como privados, en los casos contemplados por la Ley, para la protección animal, así como poder realizar protocolos en los diversos servicios de emergencias para atenderlos al mismo tiempo que a las personas, o tan pronto como estas hayan sido puestas a salvo.

Para cumplir con  las obligaciones de evacuación la ley contempla que los responsables confeccionen un listado de los recursos disponibles para tal fin, así como de los medios humanos y los lugares a los que efectuar el traslado de los animales en caso de producirse la emergencia.

Esta ley regional, que trata a los animales como un ente independiente a las personas y a los bienes, viene también a paliar las carencias de la legislación estatal que considera a los animales como objetos embargables, pues tanto el Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil así lo contemplan.

Quedan también tipificados en su articulado el régimen de infracciones y sanciones, mediante los cuales la falta de protección de los animales tendrá sanciones muy graves, graves y leves, y donde las multas podrían ser de hasta 600.000 euros.