Mediante un comunicado, Ecologistas en Acción y Adenex expresaban ayer su indignación por el auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en el que decide mantener todos los edificios terminados de la urbanización Marina Isla de Valdecañas y anunciaron que recurrirán la sentencia.

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Conviene recordar, explican, que se trata de un caso palmario de incumplimiento de la normativa ambiental y urbanística, en el que todas las sentencias de las diferentes instancias judiciales han venido confirmando la ilegalidad de la urbanización y el papel negligente de la administración local y extremeña. Esta sentencia supone asumir una tremenda ilegalidad por la vía de los hechos consumados.

Los ecologistas recuerdan que hace ya más de doce años que dos organizaciones ecologistas, Adenex y Ecologistas en Acción de Extremadura, iniciaron un proceso administrativo y judicial en contra de una urbanización, Marina Isla de Valdecañas, en plena zona Red Natura 2000, un espacio teóricamente protegido y no urbanizable. Así, el fallo contradice abiertamente el resultado de la prueba pericial que realizó la Estación Biológica de Doñana, que afirmaba claramente que el impacto del mantenimiento de la urbanización es muy superior al de su demolición.

Las organizaciones demandantes, continúan, han sido sometidas a una tremenda presión mediática y política cuando su único afán era defender la legalidad y el medio ambiente extremeño. Si se hubiera atendido a las peticiones de las organizaciones ambientales desde el primer momento, la sociedad extremeña se habría ahorrado una gran cantidad de problemas y fondos públicos.

Adenex y Ecologistas en Acción de Extremadura finalizan el comunicado asegurando que además del daño económico provocado, la acción de los políticos extremeños ha sido absolutamente irresponsable al diseminar el mensaje falaz de que el medio ambiente es un freno a nuestro desarrollo, cuando en realidad un desarrollo sostenible y justo solo puede partir de un medio ambiente sano y biodiverso.

Por todos estos motivos, las organizaciones ecologistas, aclaran que en ningún caso pidieron una indemnización económica sino la restauración de la legalidad, e informan que recurrirán esta sentencia.

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