La Guardia Civil ha informado que destruyó más de 86.000 armas durante el año 2019, más concretamente 86.566, de las cuales  62.000 eran de fuego. Estas actuaciones se suman al Programa de Acción de Naciones Unidas (ONU) sobre el comercio ilicito de armas pequeñas y ligeras, que tuvo su origen en la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras celebrada en Julio de 2001.

Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego

A partir de la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas, celebrada en Julio de 2001, la ONU estableció que, cada 9 de julio, se celebraría el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, con el fin de promover acciones para la eliminación de las armas de fuego de origen ilícito.

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Control del acceso legal

Actualmente, la competencia en materia de armas y explosivos que el Estado tiene, se materializa por medio de las Intervenciones de Armas y Explosivos de la Guardia Civil.
 
Estas unidades controlan el acceso legal para lo cual el Reglamento vigente establece unos requisitos, entre los que se encuentran la carencia de antecedentes penales así como la superación de pruebas teóricas y prácticas sobre el uso y manejo.
 
Así mismo, para evitar que pueda ser utilizada indebidamente cuando el titular deje de tener derecho a su tenencia y uso, la normativa establece que sean inutilizadas o destruidas.
 
La inutilización, a partir del año 2011, está regulada por una normativa muy severa, de tal modo que es sometida a un proceso que afecta a todas las piezas fundamentales de ésta, siendo imposible volver a usarla con plena capacidad de funcionamiento.
 
Igualmente, la Guardia Civil, periódicamente, lleva a cabo la destrucción de armas de fuego de diversos calibres, así como armas blancas prohibidas. Algunas de ellas están implicadas en ilícitos, penales o administrativos y tras el correspondiente procedimiento se determinan su destrucción; y otras, que por cesar sus titulares en el derecho a la tenencia y uso y no haber sido adjudicadas en subastas, tienen el mismo fin, lo que permite que sean reducidas a chatarra mediante un proceso de fundición o similar.
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