La Plataforma Ciudadana “Milana Bonita” informa que esta mañana, ante la Asamblea de Extremadura en Mérida (Badajoz), han registrado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en defensa “de los usuarios que toman el tren cada día en la región ante las graves deficiencias que presenta el servicio”.

Juan Carlos López, portavoz de la plataforma, ha definido la ILP como “una acción que se fundamenta en el Art. 9. 39) del Estatuto de Autonomía, en el que se declara la competencia sobre “ferrocarriles y carreteras” que transcurran por la región. La intención es que sea la Junta de Extremadura en cumplimiento de la legislación nacional y comunitaria quien “realice las labores de inspección, vigilancia, análisis, revisión del tráfico férreo, del estado de sus infraestructuras, y en caso necesario la que podrá imponer sanciones administrativas” con sanciones de hasta 3.000.000 de euros.

Así, “al igual que es la comunidad autónoma quién realiza la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), que asuma la Inspección Técnica de Trenes y Vagones (ITTV) para garantizar el cumplimiento de la normativa, la seguridad y la idoneidad de circulación”.

Aunque la legislatura está a punto de culminar la ILP no lo hace siempre y cuando, sea “aceptada por la Mesa y sea publicada en el Boletín de la Asamblea de Extremadura”.

La Iniciativa Legislativa Popular está regulada por la Ley 7/85 y en ella se establece que una comisión de 5 personas presentarán el texto articulado y la exposición de motivos ante la Mesa de la Asamblea de Extremadura que determinará su idoneidad. Posteriormente, se pondrá en comunicación de la Junta Electoral Central para que indique el número de firmas necesarias para que dicha ILP siga el trámite en la cámara autonómica, cifradas en la ley en “el 5% del censo electoral” según el artículo 3 de esta ley. A partir de ese momento se contaría con un plazo de 6 meses para la recogida del número de firmas y si se lograra se defendería la ley ante la cámara.